sociologiafiscal

¿Hay que multar a aquellos ciudadanos que hagan mal uso de los servicios públicos?// Is it necessary to fine citizens for misuse of public services?

In Fraude Fiscal on 08/05/2014 at 11:40

Hace varias semanas me hice eco de esta noticia en donde el propio presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) rechazaba la opción del “copago”, pero sin embargo defendía el imponer multas a pacientes por su mal uso de los servicios sanitarios. Pero, ¿qué se entiende por mal uso? El presidente de la OMC ponía ejemplos como: el caso de los enfermos que no se retiran de la lista de espera una vez son atendidos o la duplican intencionadamente en dos Comunidades Autónomas (para ganar tiempo); aquellos que no recogen las pruebas diagnósticas que se les han practicado; o bien esos pacientes que acuden antes a urgencias que al centro de salud, para cuestiones sin gravedad.

Estas cuestiones, sobre las que reconozco que ya había reflexionado con anterioridad, me hicieron replantearme cómo este argumento podría extrapolarse al resto de oferta de servicios públicos y prestaciones sociales.

Quizás el caso sanitario y el educativo sean los servicios con mayor nivel de uso entre los ciudadanos, y por ello cuenten probablemente con mayor nivel de “abuso”. Para el caso de la sanidad valdrían los ejemplos de mal uso expuestos anteriormente, y para el caso de educación destacaría por ejemplo: el falsificar los ingresos en el IRPF para conseguir una beca escolar; el acceder a una plaza universitaria pública y no lograr un aprovechamiento óptimo de las clases (por pasarse jugando al mus la carrera entera o sucedáneos); etc. Pero desde mi punto de vista, y por lo que observo a mi alrededor, son muchos los “abusos” de los ciudadanos sobre los servicios públicos y prestaciones sociales, y yo concuerdo absolutamente que con el presidente de la OMC en la idoneidad de multar por ese uso incorrecto aunque sin olvidar las labores de educación e información.

En España, ya hay ejemplos en otros servicios públicos en que se aplican multas por uso indebido, véanse: el abuso de los sistemas de limpieza municipal (cacas de perro, micciones en la vía pública, etc) o las multas de tráfico por exceso de velocidad o aparcamiento indebido. ¿Y por qué no imponer también multas para los casos de sanidad o educación? ¿Acaso las personas no saben que: comprar recetas con otra tarjeta subvencionada que no es la propia o  pedir una beca escolar “trucando” la declaración de la renta el año anterior es fraudulento? ¿Por qué surgen tantas voces críticas entonces cuando se habla de multas sobre este tipo de casos?

Porque el fraude sobre el gasto público también es fraude, tal y exponía en este post antiguo, hay que reflexionar sobre cómo gestionar políticamente ese mal uso de los servicios públicos y prestaciones sociales que hasta ahora están exentos de multas. No me cabe duda que estos comportamientos al margen de la ley se deben principalmente a una falta de honradez conciencia cívica, por lo que serán necesarias labores educativas sobre el buen uso de estos servicios públicos y prestaciones sociales, así como medidas de información sobre su valor social y económico. Pero, desde mi punto de vista, hay que encontrar un equilibrio entre la coacción real basada en multas, y una coacción simbólica basada en mejor información, transparencia y mayor educación. Vosotros qué pensáis: ¿estaríais a favor de implantar multas por el mal servicio de servicios sanitarios o educativos?

Sigamos reflexionando…

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Several weeks ago I read this article where the head of the Spanish Medical Association (OMC) proposed that patients who go to hospital emergency rooms when their conditions are not considered urgent should pay for services. 

Examples of “abuse” of medical services, according the head of OMC, include patients who don´t take  their names off the waiting list after they are seen by a professional, or when they sign up on multiple lists to ensure they get an appointment quicker. Is it not feasible to extrapolate these fines for other public services and benefits?

Healthcare and educational public systems are those with more clients and in that sense, probably they have a higher level of misuse. Previous examples of  “abuse” in healthcare system were exposed, and in terms of education: people who forge personal revenues to get a scholarship or those who don´t make the most of public university (playing cards all the time) are misusing our public educational system. From my point of view, under no circumstances can we accept the misuse of public services in Spain; and in this sense, I refuse to believe there is nothing we can do to reverse the current trend and I agree with imposition of fines.

In Spain we already have other examples of fines for misusing public services: public system of cleaning (dog mess or people urinating in the street) or traffic tickets. Why don´t we can fine for misusing public services of education and healthcare? Are people not aware of this “abuse”? Why are there so much criticism about this issue?

Because fraud in public expenditure is also fiscal fraud, we should think about that. Fundamentally it is an ethical and moral problem so it´s certainly a matter of public management. Spanish politicians and Tax Administration should find the best balance between measures of education,better information and fines. Do you or don´t you agree?

Looking for your opinions!

 

 

 

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  1. En cierto modo, a nivel educativo ya se ponen, no? Cuando suspendes una asignatura la siguiente matriculación es más cara.
    En cuanto a la sanidad creo que el uso de multas para los que, como dices, duplican listas de espera o no recogen las pruebas, si se les debería hacer un recargo por el gasto extra que hayan podido ocasionar: de custodia, administración, etc. En cuanto a ir a urgencias o no… es delicado porque yo no tengo que saber, ni se, si lo que sufro es grave o no. ¿Cuanto se ahorraría en esos casos? La pregunta que yo me hago es si compensaría cobrar a la gente por sus errores a cambio de ahorrar XXX millones teniendo en cuenta que posiblemente, parte de este ahorro se iría en tratamientos posteriores más complejos debido a que no se ha detectado y tratado a tiempo la enfermedad de la gente que no ha ido a urgencias por miedo a que le cobren.

    • Muchas gracias, Carlos por poner sobre la mesa tus impresiones sobre el tema.

      Concuerdo contigo en que, en caso de imponer nuevas multas para determinados servicios o prestaciones, habría que hacerse un buen plan de costes-beneficios y comprobar efectivamente que sería rentable.

      Pero, al margen de la eficiencia de esta nueva perspectiva en la gestión pública, mis reflexiones quizás iban más en la línea de pensar que los españoles, por regla general, no nos comportamos como debiéramos a nos ser que tengamos el “miedo” a ser multados por ello (véase la lucha contra el fraude o las multas de tráfico, entre otros). Si bien es cierto que ésto es fruto de una educación indebida y ésta debe reforzarse en valores cívicos y responsabilidades democráticas, las multas también ayudarían a evitar estos comportamientos.

      También las multas, como bien indicas para el caso de la sanidad, podrían tener el efecto contrario de agravar determinadas enfermedades por no ir a urgencias directamente. ¿Pero el colapso de las urgencias por casos no graves no pondrá también en peligro el tratamiento de casos más urgentes que otros alargando los tiempos de espera? Es “el pez que se muerde la cola”.

      Y para el caso de la educación, es cierto que los créditos universitarios suben de precio cada convocatoria, pero sigue habiendo un ratio muy grande de alumnos que: no acaban la carrera, que desaprovechan becas y que extienden hasta el infinito sus carreras. Teniendo en cuenta que éstas son subvencionadas en un altísimo porcentaje, desde mi punto de vista debería revisarse la gestión de los créditos y la evaluación de resultados.

      Sigamos reflexionando…

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